En la mañana de ayer se conoció que la juez de Instrucción Nº6, Graciela Ferreira, se “inhibió” para no seguir con la causa por “Estrago Doloso” que se investiga las razones y responsabilidades del derrumbe que dejó ocho muertos el jueves pasado. Por este incidente procesal, el expediente fue remitido a la subrogante legal y recayó en el Juzgado de Instrucción Nº1, a cargo de Norma Agrasso de Caballero. 

Hasta anoche Agrasso de Caballero todavía no se expedía sobre la inhibición de su par (si está bien motivada o no). Si termina oponiéndose al apartamiento de la juez Ferreira, el expediente iría a la Cámara de Apelaciones, que definirá quién de las dos magistradas deberá hacerse cargo definitivamente de la investigación por el derrumbe del edificio de la calle San Martín al 652, determinación que demoraría algunos días.

Ayer época pudo conocer que uno de los motivos por el cual la juez Graciela Ferreira se apartó de la causa es la “amistad” que mantiene con algunos de los imputados, sus familias y personas cercanas a ellos.

A pesar de este incidente, que retrasa algunas decisiones claves de la investigación, el fiscal de Instrucción Nº6 Gustavo Robigneau avanzó ayer con algunas actuaciones. Con la colaboración del Fiscal Nº1, Buenaventura Duarte, y del Nº5, Graciela Fernández Contarde, Robineau volvió a ordenar y coordinar nuevas pericias en la obra derrumbada. Y desde el miércoles por la noche mantiene contactos con los tres empresarios imputados que están presos e incomunicados en la comisaría Primera de la capital para tomarles las primeras declaraciones indagatorias: William Mayer (escribano y principal accionista de la obra), Marcelo Mayer (arquitecto que dirigía la obra) y Walter Bruquetas (propietario de la empresa que levantaba la edificación).

Según supo ayer época, la defensa de los detenidos le hizo saber al fiscal que están dispuestos a colaborar con la investigación aportando sus testimonios, documentación y pidiendo diligencias. Mientras que el otro empresario imputado con pedido de captura, el ingeniero Elías Cohen, presentó un escrito acreditando su avanzada enfermedad de Parkinson, y hasta el cierre de esta edición permanecía en su casa con internación domiciliaria. 

Del que la Justicia sigue sin tener datos sobre su paradero es de Carlos Valenzuela (el capataz de la obra) que está desaparecido desde el día de la tragedia. También está imputado en la causa con pedido de captura, y su testimonio es considerado “valioso” para determinar el grado de responsabilidad de los otros imputados.

 

Incidente entre abogados frente a la comisaría

 

Una situación llamativa, producto de los ánimos caldeados, protagonizaron ayer dos abogados frente a la Comisaría Primera. Los protagonistas fueron la abogada querellante Laura Olivera (que representa a la familia Zaragozo) y uno de los abogados defensores de los hermanos Mayer, que cruzaron insultos. Incluso Olivera se subió sobre el capot del Audi A4 (ver foto) y lo acusó de “cómplice” a su par por defender a los principales imputados de la tragedia que dejó ocho obreros muertos.